Riesgo de «intolerable impunidad» en el fraude del caso de los ERE

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Los delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada han solicitado a la juez que instruye el caso ERE, María Núñez Bolaños que deje sin efecto sus exclusiones masivas de ex altos cargos de la Junta de Andalucía en piezas separadas de esta macrocausa por cada una de las ayudas irregulares en las que participaron. Alega que esta decisión podría desembocar en un «intolerable espacio de impunidad».

Según un comunicado remitido a este periódico, Anticorrupción esgrime que la resolución del tribunal que juzga a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha resuelto que lo que se enjuicia es «la ideación, mantenimiento y financiación del sistema conocido como procedimiento específico».

Es decir, señalan los fiscales, la resolución de las cuestiones previas que realiza el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla «ha establecido claramente» que en el juicio «no serán objeto de enjuiciamiento la concesión y pago de ayudas concretas».

La juez Núñez ha ido apartando de la causa a numerosos ex altos cargos acusados en varias piezas separadas en el caso ERE siguiendo el criterio de la Sección Séptima de la Audiencia, que abrió la puerta a estas exclusiones al determinar que los ex altos cargos ya están siendo juzgados por el sistema para repartir los fondos, lo que abarcaría también las ayudas individualizadas donde intervinieron. La Fiscalía pidió al tribunal del caso ERE que delimitara el alcance de lo que se juzga ante las dudas suscitadas con este criterio de otra sección de la Audiencia.

Mediante una nota, los fiscales delegados informan de que han solicitado al Juzgado que deje sin efecto la llamada «exclusión del procedimiento» que «ha ido acordando en las diferentes piezas en que se investigan ayudas individuales respecto de determinados investigados a los que se acusa en el procedimiento abreviado 1965/17 (el sistema de los ERE) y que, presuntamente, han tenido participación directa en la concesión y pago de cada ayuda individual firme».

«Este criterio es el que se desprende del contenido de los autos dictados por la Sección Séptima al resolver los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de quien fuera director general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera contra los autos de transformación a procedimiento abreviado (el primer paso para su enjuiciamiento) dictados en las piezas relativas a las ayudas a Surcolor y Acyco, dos de las próximas piezas separadas de los ERE que van a ir a juicio.

La Fiscalía alerta de que «esta situación comportaría una especie de salvoconducto procesal que cerraría la posibilidad de dirigir la acción penal contra las personas acusadas» en la pieza política del caso. Añade que tales exclusiones generan «un intolerable espacio de impunidad». «Todo ello sin perjuicio de que, como es natural, en el caso de recaer sentencias condenatorias contra esas mismas personas en las piezas separadas, se adoptasen las medidas oportunas para corregir un exceso punitivo».

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Source: ABC Spanish News
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